MÉXICO. “Las leyes no sirven si los encargados de hacerlas cumplir son los primeros que las violan”

Manipulación, censura y crimen. Son los motivos que Reporteros Sin Fronteras maneja para definir a México como el peor país latinoamericano para ejercer el periodismo. Durante los dos sexenios del gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN), primero con Vicente Fox, después con Felipe Calderón, 122 periodistas fueron asesinados en el país. Francisco Pazos (México DF, 1983), reportero del diario Excélsior, denuncia la “impunidad” de la que gozan los agresores y el cuestionado papel de las fuerzas del orden. Pocas medidas, la mayoría con un marcado carácter electoralista, y la excesiva inseguridad, se traducen en una mirada hacia otro lado, que asfixia la libertad de expresión del pueblo mexicano.

 P. Desde el año 2000, 122 periodistas fueron asesinados en México. ¿Qué más se pudo hacer que no se hizo?

 Cualquier cosa pudo hacerse antes que esperar a que las cifras de periodistas asesinados fueran insoportables y entonces comenzara la presión internacional y nacional hacia el gobierno de Calderón. Pero cómo exigir a un gobierno que garantice la seguridad de un gremio si es el mismo gobierno el que intentó tapar, mediante la manipulación de los mismos medios, las muertes de decenas de periodistas y fotógrafos. Incluso, algunas administraciones estatales y municipales de los sitios dónde han ocurrido los asesinatos en contra de periodistas intentaron ligar a los compañeros caídos con el crimen organizado, argumentando que sus muertes había ocurrido por haber estado involucrado con estos grupos criminales.

 P. ¿Las actuaciones a favor de la libertad de expresión del gobierno del PAN fueron suficientes?

R. Creo que la larga lista de nombres de compañeros reporteros y fotógrafos que engrosa las bajas de la guerra contra el narcotráfico es una clara muestra de que las acciones del Gobierno Federal para garantizar al libertad de prensa, no sólo han sido insuficientes, sino tardías y mezquinas. Claro, pero al final del gobierno de Felipe Calderón se aprueba el decreto de la Ley para Proteger a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas una vez que termina su administración y con eso se pretende subsanar una laguna en la legislación que cobró decenas de vidas.Vidas de personas que murieron porque cumplieron con el deber que les impuso su trabajo y su vocación. Los efectos de la guerra contra el narcotráfico llegaron sin aviso para toda la sociedad. Civiles, familias, empresarios, investigadores y por supuesto periodistas no sabían lo que implicaba dar cobertura a estos temas. Pero esos efectos se conocieron desde hace mucho, por lo menos hace siete años.

P. ¿Por qué esperar tanto para aprobar una ley que proteja a los representantes de los medios de comunicación?

R. Se me ocurre que el Gobierno Federal lo hizo como una estrategia electoral más que como una auténtica voluntad para garantizar la seguridad del gremio. Ahora, la libertad de expresión dentro de los medios de comunicación, aún después de los gobierno del PRI, a mi consideración sigue siendo igual de controlada. La diferencia es que con los gobierno del PRI, para acallar a un reportero éste podía desaparecer sin dejar rastro alguno. En tanto que con los gobiernos del PAN se terminaron las desapariciones pero no la manipulación a través de favores ocultos entre los dueños de las empresas periodísticas y el gobierno.

A partir del 2000, con el gobierno de Vicente Fox, la libertad de prensa parecía que llegaba por primera vez, desempacada y oliendo a nuevo a los medios mexicanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los mismo periodistas se dieron cuenta que la manipulación continuaba, y que ese dichoso ejercicio libre de periodismo se limitaba a la facultad menor de poder criticar abiertamente la figura del presidente.

 P. Durante los 70 años en los que el PRI estuvo en el poder, la libertad de expresión era prácticamente nula. Ahora que vuelve al poder, ¿cree que esta libertad vuelve a peligrar?

P. Me gustaría decir que no será así. Sin embargo, los primeros signos que nos ha dado el aún presidente electo y su equipo de campaña, del cual seguro saldrá algún secretario de estado, es que al parecer las cosas van a cambiar un poco. Es claro que México no es la nación que era en al décadas de los 60 o 70, cuando las desapariciones de periodistas y en general de cualquier personas que se atreviera a criticar al presidente o a su gobierno eran una constante. Fue en esa época, cuando se tienen registradas las peores matanzas en contra de trabajadores, obreros, gremios enteros y sobre todo en contra de los estudiantes. Es la misma época en la que los medios estaban al servicio del estado y omitieron de sus páginas la información relativa a estos terribles acontecimientos. También fe la época del surgimiento de un grupo de periodistas que intentaron hacer un periodismo independientes y que cayeron bajo el yugo del poder presidencial de Luis Echeverría, en lo que se conoce como el Golpe a Excélsior. El más duro movimiento gubernamental dirigido en contra de un medio de comunicación.

También es cierto, y hay que decirlo como lo que es, que en muchos sitios son los mismos periodistas lo que voluntariamente se someten al poder del estado. Por lo menos aquí en México, las autoridades tienen la costumbre de llenar con dádivas los bolsillos de algunos reporteros. Ésta práctica es muy propia de los gobierno priistas y que se mantuvo durante le gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Bajo este contexto se podría pensar que las cosas van a complicarse

P. ¿Qué supone no aceptar la censura e intentar ejercer un periodismo libre en México?

R. En muchos sitios del país no aceptar los lineamientos que imponen las estructuras del poder o del crimen organizado directamente puede costarle la vida a un periodista e incluso a sus familias. Son constantes los casos de reporteros, principalmente en estados donde tienen arraigo grupos del crimen organizado como Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí o Durango en los que se conocen casos de periodistas que fueron acribillados sin razón aparente. Pero lo cierto que a un reportero no se le mata por error. Generalmente se trataba de compañeros que realizaban alguna investigación referente al crimen organizado o que involucraba a alguna autoridad con estas lacras.

Es por esto que la gran mayoría de los reporteros que cubren información del narcotráfico mantienen su identidad en el anonimato en la medida de lo posible y publican sus informaciones con nombres falsos. El objetivo es mantener a raya a los pistoleros de sus familias y conocidos. En otras palabras, no aceptar las órdenes de los grupos criminales y optar por un ejercicio libre del periodismo es equivalente a firmar una sentencia de muerte. Tarde o temprano serán cazados por sicarios. En otros casos, en zonas del país en donde la violencia no ha llegado a extremos insoportables, como el Distrito Federal, el costo de no seguir la línea que marca un medio o el mismo gobierno puede terminar con un despido y una mala recomendación.

P. ¿Existen penas concretas contra aquellos que violan la libertad de expresión?

R. Los crímenes contra periodistas se investigan bajo la misma figura del homicidio, claro cuando estos se llegan a investigar y se logra que un juez dicte sentencia en contra de un responsable. Pero eso no ocurre con mucha frecuencia.

P. ¿Cuál es el plan de actuación por parte de las autoridades ante las amenazas que reciben los periodistas?

R. Bueno, al parecer no existe ningún plan o programa de gobierno que esté dirigido a proteger la integridad de los periodistas. Ahora, si tal plan existe, pues es muy claro que no se pone en práctica. La cosa es que en México se piensa que el simple hecho de condenar los crímenes que se cometen contra informadores basta para solucionar el problema. El tema se lleva al Congreso en donde un grupo de diputados lo discute y ya está, se legisla una ley que no servirá sino para adornar le fin del sexenio de un presidente (Calderón) que se lleva las manos manchadas por la sangre de decenas de reporteros y fotógrafos que perdieron la vida o desaparecieron en el marco de su guerra contra el narco. La pregunta es qué está haciendo el gobierno para protegernos. Tal parece que nada. Luego uno quisiera sacudirse esa idea de que el estado debe de hacerlo todo, pero es que, como puede un reportero defenderse de una ráfaga de AK-47 o en contra de un “levantón” en plena calle. Tiene y debe ser el gobierno el que garantice la seguridad de los reporteros.

P. ¿Por dónde pasa la solución a este problema?

R. Las leyes son buenas, pero lo que realmente hace falta es la voluntad política para elaborar un marco de seguridad que garantice que ningún reportero morirá por escribir determinada información. Hace falta que la misma sociedad exija que las autoridades cumplan con la obligación de ofrecer ambientes seguros y dignos a los grupos vulnerables frente a un panorama determinado. Lo primero es que los órganos ministeriales realicen investigaciones realmente profundas sobre los asesinatos perpetrados en contra de representantes de los medios de comunicación.

Hacer leyes está muy bien. Pero las leyes por sí mismas no resuelven los problemas. De nada sirve si el gobierno no reconoce que se está enfrentando una auténtica situación de peligro. Mientras las autoridades no se adjudiquen la auténtica responsabilidad de garantizar la seguridad para aquellos que se introducen en el mundo criminal del narcotráfico y del crimen organizado, decenas de compañeros continuarán a apareciendo en zanjas, cunetas, y terrenos baldíos.

 P. ¿Cuál es el papel de las fuerzas del orden en el cumplimiento de la libertad de expresión?

R. El papel que deberían tener es el de asegurar que el ejercicio del periodismo, ya sea en una zona de conflicto o no, no tenga como consecuencia la persecución y la muerte. Lamentablemente, en muchos de los casos las fuerzas del orden fungen como un  elemento de represión para los reporteros quienes no sólo deben sufrir  la violencia de grupos criminales, sino de sus mismos integrantes. Aquí mismo en la Ciudad de México he sido testigo y víctima de agresiones de policías durante la cobertura de algunos eventos que no son favorables para la imagen del gobierno y en la que se usan a los cuerpos de reacción para mantener a raya a los reporteros. El resultado de hacer tu trabajo es recibir golpes e incluso detenciones injustificadas por parte de estos grupos policiales. Todo se repite. De nada sirven las leyes si los que están encargados de hacerlas cumplir son los primeros que las violan.

P. ¿Y cómo se ejerce el periodismo en México ante esta falta de protección por parte de las autoridades?

R. Debo decirte que hasta antes de comenzar a realizar este trabajo, era un ferviente creyente del estado de derecho y un convencido de que las leyes y su aplicación eran el camino para lograr una mejora en la sociedad. Sin embargo, en los seis años que tengo reporteando en diferentes niveles y temas, me he percatado que no se puede lograr nada si los cuerpos encargados de hacer cumplir esas leyes son los primeros que las rompen y las corrompen. Hacer periodismo en este país es una labor complicada, no importa si te tienes que enfrentar a un militar, a un policía federal o a un policía capitalino. Todos ellos tienen en común que el estado les da la oportunidad de ejercer la fuerza en su contra a la menor provocación y en el mayor de los casos sin provocación de promedio.

Es muy grave que no sólo tengas que cuidarte de los criminales para proteger tu vida o tu identidad, ya sea que trabajes en la Ciudad de México o en Culiacán o Ciudad Juárez; siempre debes tener cuidado de las fuerzas armadas y del ordene que bajo el manto y descontrol de la guerra que se inició desde el 2006 contra el narcotráfico se ha convertido en el pretexto perfecto para actuar bajo la norma de la intimidación y el abuso del poder.

Este extracto de una entrevista realizada a Francisco Pazos forma parte de la documentación utilizada para el desarrollo de la tesina CARMEN QUINTELA: “Libertad de Expresión en México. El periodista amenazado”, Santiago de Compostela, Septiembre de 2012

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