Los nadies de Santa Rosa

Más de mil familias que se quedaron sin casa en una zona rural de Guatemala, tras una serie de sismos en 2011, siguen viviendo en albergues temporales en zonas sin agua donde no llega la bolsa segura, el programa de reparto de alimentos del Gobierno. 

El 19 de septiembre de 2011 una serie de sismos hizo temblar el departamento de Santa Rosa, en el sur de Guatemala. A los terremotos se sumó el desbordamiento del río San Juan y una depresión tropical, la 12E. Dos mil 72 familias se quedaron sin una casa segura en la que vivir.

Las mil 168 que estaban en peores condiciones fueron trasladadas a Albergues de Transición Unifamiliares (ATU) de 3×6 metros, donados por la embajada de Taiwan, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Cáritas, en coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en espera de una respuesta definitiva por parte del Gobierno.

Un año y medio después esa respuesta sigue sin llegar, cuando según Walter Monroy, director de rehabilitación y reconstrucción de CONRED, “lo máximo que debería estar una familia en un ATU son seis meses”.

Cuilapa, al norte del departamento, es un municipio en vertical. Las precarias casas ascienden por las laderas empinadas que rodean el centro del pueblo, cuyas calles están aún levantadas, cicatrizadas de los sismos de 2011.

Adelso Salazar, gobernador de Santa Rosa, explica que de las 254 familias que quedaron sin casa en Cuilapa, las 70 con menos recursos viven en una colonia de albergues “a kilómetro y medio del casco urbano”, con un lodazal por calzada y una cuerda de tender la ropa como portón de entrada.

El delegado departamental de CONRED, Renato Echevarría, dice que “es una zona habitable, con agua y electricidad”, pero los vecinos no piensan lo mismo. “No es seguro vivir aquí, hay asaltos diarios”.

La que habla es Juana Córdoba, una de las vecinas, mientras limpia una camiseta en la pila como puede. “Nos turnamos para lavar la ropa. Solo hay agua 3 días a la semana, durante 2 horas”.

Parches en los lotes afectados

El caso de Santa María Ixtahuacán es distinto. Las familias han acoplado los ATU en los propios lotes que los sismos sacudieron en 2011. Desde el cantón Buena Vista, haciendo honor a su nombre, se divisan los extensos valles del municipio.

Con el pueblo a sus pies, malviven varias familias. “La municipalidad no tiene terrenos para trasladarlos”, explica el alcalde Alexis Quevedo, así que los vecinos ponen parches para que las casas no se vengan abajo con cada lluvia fuerte.

El Gobierno prometió otorgar  a través del Fondo para la Vivienda (FOPAVI), Q35 mil en ayudas para compra de terrenos o mejora de casas. Pero los subsidios tardan en llegar, “por retrasos en la entrega de documentos” explican.

“Con ese dinero algunos podrían levantar un muro para evitar un derrumbe de tierra o que les entrara agua en los lotes que ya tienen”, comenta Quevedo, pero no es suficiente para construir una nueva vivienda de cero en un lugar estable.

Además, los vecinos tendrían que aportar 3 mil 500 quetzales (350 euros) en materiales o mano de obra.

Ni rastro del alimento seguro

El programa de alimento seguro del Gobierno de Guatemala no tiene presencia en los albergues. “No ha llegado a ningún sitio”, explica el alcalde. En el Ministerio de Desarrollo informan que las bolsas de comida llegan solo a “áreas donde detectamos que existe una calamidad”. “Solo se reparte si tras un barrido nutricional determinamos que no están en una situación de emergencia”.

Mientras, en uno de los ATU de Santa María, Juan Arnoldo García mira a su bebé tumbado en la cama. Lleva varios días con diarrea. Lo llevaron al centro médico “pero le dieron un jarabe nada más”, explica su mujer.

Un par de camas colocadas estratégicamente y una precaria cocina en la que se acumulan varias pilas de tortillas de maíz sobre el suelo de tierra, conforman el ATU, en el que duermen 6 personas. Juan Arnoldo no tiene trabajo, cultiva “maíz y frijol para comer, nomás”, el único alimento seguro con el que cuentan. Imposible que se pueda costear la construcción de una nueva casa.

Para estas familias, “las más vulnerables”, la embajada de Taiwan planea construir 300 viviendas en unos “tres o cuatro meses” explica el delegado de CONRED.

Las 800 familias restantes tendrán que seguir esperando, olvidadas en las montañas perdidas de Santa Rosa.

Texto original publicado en elPeriódico de Guatemala.

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